Fiscalía avisa que cuenta con 11 testigos en caso Barrenador
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) cuenta con 11 testigos en relación con el caso conocido Barrenador, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) a cuatro cooperativas y una asociación médica.
Esta mañana reinició en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, la audiencia de medidas cautelares, en la cual los abogados de los imputados emiten sus alegatos en procura de que no se establezcan medidas sobre los investigados.
La FATPA pidió medidas cautelares en contra de las seis personas que conformaron la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre febrero del 2023 y julio del 2024.
En contra de los investigados, la fiscalía requirió el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de seis meses: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Además, el Ministerio Público pidió una suspensión del cargo contra:
- La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.
- La gerente general de la CCSS: María de los Ángeles Gutiérrez.
- Integrante de la junta directiva en representación del Estado: María Isabel Camareno.
- Miembro de la junta directiva, representante patronal: Zeirith Rojas (vicepresidente de la Junta Directiva)
- Miembro de la junta directiva, representante patronal: Johnny Gómez.
En el caso del exdirectivo Jorge Luis Araya, la medida no lo cubriría, precisamente porque ya no es parte de ese órgano institucional.
Figuran también en el proceso, Jorge Porras, representante del Estado, cuya renuncia rige desde el miércoles después que la presentara la semana pasada, y Roberto Quirós, también exdirectivo y ex gerente general de la CCSS.
Los investigados fueron puestos en libertad y se presentaron hoy para la continuación de la audiencia.
Este martes, Ronald Segura, uno de los fiscales, aseguró que tres de los testigos del caso Barrenador recibieron amenazas físicas, así como amenaza de trasladarlos de sus puestos de trabajo e incluso, el despido.
La Auditoría Interna de la CCSS presentó una denuncia confidencial ante la FAPTA para que analizara las actuaciones de jerarcas de la institución en el proceso de adjudicación a cooperativas de salud, de la administración de 138 EBAIS en 10 áreas de salud.
En ella se indica que el Área de Contabilidad de Costos, adscrito a la Dirección Financiero Contable, de la CCSS determinó que todas las ofertas eran excesivas.
Luego, en un criterio conjunto de las gerencias Financiera, de Logística y Médica concluyeron que la licitación debía declararse infructuosa por los sobreprecios identificados.
Además, el sábado 6 de julio, se conoció un informe de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud y en esa sesión, la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, tildó de “básico” el criterio vertido por el área Financiera de la CCSS que alertó de los sobreprecios.
Tras conocer ese nuevo informe, los seis directivos presentes votaron a favor de adjudicar la administración a cuatro cooperativas de salud y a una asociación de médicos.
El lunes anterior, la FAPTA en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 28 allanamientos y se detuvieron a ocho personas.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.