CONAVI aspira cobrar $446 mil a anterior consorcio supervisor de Ruta 32
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) pretende cobrarle al anterior consorcio supervisor de los trabajos de ampliación de la Ruta 32 la suma de $446.501, por pagos indebidos realizados por la Administración.
El anterior consorcio supervisor que estaba integrado por la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (CACISA SA) y Camacho y Mora en la contratación directa N° UERN32-004-2017-CONAVI habría cobrado un 5% adicional por labores de supervisión, según un informe de Auditoría Interna del CONAVI, efectuada el año anterior.
“Se instruye a la Dirección de Proveeduría Institucional y a la Gerencia de Adquisición y Finanzas para que, de conformidad con sus competencias, procedan a realizar la Ejecución de la garantía de cumplimiento No.400015407 y No. 40000015343 ambas emitidas por el Banco Cathay de Costa Rica y se reintegre a la Administración el monto de $446.501,35 más los intereses que correspondan y sean determinados por el área financiera a la hora de realizar dicho reintegro”, dice el acta de la sesión 32-2024, del CONAVI, del pasado 11 de julio.
Para la investigación, el CONAVI integró un Órgano Director que determinó que procede el reclamo y reintegro de las sumas pagadas de más al consorcio supervisor pues hubo "un enriquecimiento sin justa causa".
Además, en la sesión 28-2024, del 24 de junio anterior, el Consejo de Administración del CONAVI, además de lograr el resarcimiento de los dineros pagados de más, instruyó a la Dirección Ejecutiva de la entidad para realizar una investigación preliminar a fin de determinar si hubo funcionarios o exfuncionarios que hicieron incurrir a la Administración en el error.
“(…) se lleve a cabo una investigación preliminar y determine si existe algún grado de responsabilidad, administrativa, culpable o dolosa por parte de funcionarios o exfuncionarios de la Unidad Ejecutora de la Ruta 32; sin perjuicio de cualquier otra valoración por actos u omisiones que pueda poseer una connotación típica que constituya una infracción de la ley penal, responsabilidad civil o administrativa, mediante la cual hicieron incurrir a la Administración en error al realizar un pago indebido en afectación a la hacienda pública, específicamente en el uso de recursos del erario público, generando un pago indebido y un enriquecimiento sin justa causa”, dice el acuerdo contemplado en el acta de la sesión 28-2024.
Pese a esta instrucción de junio pasado, un mes después no se hizo referencia sobre el particular.
El año anterior, bajo la administración de Luis Amador, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomó la decisión de no renovarle el contrato al consorcio CACISA, y abrió un proceso de contratación para que otra empresa asumiera la supervisión.
De hecho, el CONAVI se encargó por cuenta propia de ello durante meses, pues no fue hasta noviembre anterior que se concretó la contratación directa de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).