San José, Costa Rica. (AFP). La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a Perú por violar el derecho a un "medio ambiente sano" de los habitantes de una ciudad minera andina, en un fallo "histórico" que serviría de precedente en el continente, según los demandantes.
El tribunal culpó en su fallo al Estado peruano "por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso", en referencia a quienes presentaron la demanda.
El gobierno de Perú no ha comentado el fallo hasta ahora.
La ciudad minera de La Oroya, a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar, fue catalogada en 2006 como una de las 10 más contaminadas del mundo debido a la fundición de metales pesados, una actividad iniciada en 1922.
La metalurgia fue el motor de la economía de esta ciudad de 20.000 habitantes, pero también enfermó a muchos de ellos, según los demandantes que acudieron a la justicia continental asesorados por algunas oenegés.
Para la Corte con sede en San José, "el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad" y las actividades del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) lo perjudicaron.
"No pude ser madre"
"Hemos alcanzado nuestra justicia. La sentencia es a favor del pueblo que fue contaminado", señaló por teléfono a la AFP desde La Oroya el demandante Manuel Enrique Apolinario, maestro jubilado de 68 años. "Ahora el Estado peruano tiene que atender a cabalidad la sentencia", agregó.
"Es algo que hemos esperado por más de veinte años", declaró por su parte Yolanda Zurita, quien recibió con lágrimas la noticia del fallo junto a otros demandantes en el pueblo andino de Matahuasi, a unos 60 km de La Oroya.
La humilde ama de casa de 65 años contó a la AFP que los altos niveles de contaminación de la ciudad minera no le "permitieron ser madre" y todavía sufre convulsiones y problemas en los bronquios y el páncreas.
La fundición de La Oroya empezó a operar el 23 de noviembre de 1922 bajo la compañía estadounidense Cerro de Pasco Corporation. En 1974 fue estatizada, pero en 1997 fue privatizada pasando a manos de Doe Run, del grupo estadounidense Renco.
En junio de 2009, Doe Run paralizó las labores por incumplir un programa de protección ambiental y se declaró insolvente. En 2023 CMLO reanudó operaciones, ahora administrada por la empresa Metalúrgica Business Perú, conformada por casi 1.300 accionistas que eran extrabajadores de la fundición. La nueva administración ha prometido no contaminar.
"Precedente clave"
"La actividad del CMLO en La Oroya ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente, contaminando el aire, el agua y el suelo", destacó el tribunal en su fallo.
Asimismo, "la exposición al plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre constituían un riesgo significativo para la salud de las víctimas, y que no recibieron atención médica adecuada por parte del Estado", agregó.
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en 2013, el 97% de los niños entre seis meses y seis años de La Oroya, y el 98% de los de entre siete y 12 años, tenía niveles elevados de plomo en la sangre.
La Corte ordenó que Perú haga un diagnóstico sobre la contaminación de aire, agua y suelo en La Oroya, brinde atención médica gratuita a las víctimas y adapte la normativa a los estándares permisibles para plomo, dióxido de azufre, arsénico, mercurio y material particulado, entre otras medidas.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que asesoró a las 17 familias de La Oroya que acudieron a la Corte, estimó que esta sentencia es "histórica" y establece "un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en todo el continente americano".
"La Corte consideró que el Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del CMLO, lo cual requería acciones inmediatas por parte del Estado de conformidad con su deber de debida diligencia para evitar daños significativos al medio ambiente", destacó el fallo.
