JUPEMA pide tipificar como delito la retención de las cuotas obrero

En 2022 tras un proceso de análisis con otros actores, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) propuso una hoja de ruta para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones, en la que una de las iniciativas es tipificar la evasión al pago de las cuotas obrero como un delito.

La retención de las cuotas obrero – patronales causa un perjuicio al derecho humano de la pensión de los trabajadores, poniendo en riesgo su sostén en la etapa de retiro y además, es un incumplimiento de una obligación legal.

Por ello, desde la institución instaron a los diputados a la Asamblea Legislativa a avanzar en este tema.

Actualmente el expediente 23.956, presentando por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, busca, justamente, penalizar delitos contra la seguridad social.

El director ejecutivo de JUPEMA, Carlos Arias, comentó que en el sector educativo privado, pese a las multas, procesos de cobro judicial y la existencia del delito de retención indebida de las cuotas obrero, pareciera que hay un grupo de centros a cuyos representantes eso no los asusta.

Ello porque recurren a mecanismos como una especie de “modus operandi” para no pagar las obligaciones con la seguridad social, algo que requiere ser considerado como una conducta delictiva en detrimento de la seguridad social.

“Esta medida sería de beneficio para los trabajadores de todos los regímenes de pensiones que sufren la misma situación”, afirmó Arias.

Actualmente la Ley 10.078 establece el delito penal de retención indebida de las cuotas obrero cuya sanción es de 6 meses a 10 años de prisión, esto en casos en que los patronos deduzcan las cuotas, pero no las transfieran a JUPEMA. Se puede elevar en un tercio dependiendo de la gravedad del dolo.

“Modus operandi”

Sobre el “modus operandi” JUPEMA indicó que se han detectado casos relativos a las planillas, formas de contratación de sus trabajadores, así como en la condición laboral de una manera que no corresponde a la realidad.

Asimismo, algunos centros han recurrido a crear varias razones sociales que no están ligadas a la acreditación, dejan de pagar las planillas o bien no responden a los procesos administrativos y/o judiciales de cobro sin importar las consecuencias.

Recientemente JUPEMA dio a conocer que 193 centros de educación privada activos y cerrados en todo el país, adeudan ¢4.786 millones, afectando directamente a 2.547 trabajadores de dichos centros.

¢332 millones recuperados a julio

La entidad apuntó que la gestión de cobro les ha permitido recuperar al mes de julio, por concepto de planillas morosas y arreglos de pago ¢332.5 millones.

Por otra parte, detalló que durante el 2023 se recaudaron ¢242.5 millones por planillas morosas y se realizaron arreglos de pago por ¢316.2 millones, recuperándose un total de ¢558.7 millones por esos conceptos.

Con respecto al cobro judicial, JUPEMA indicó que existen 264 expedientes para los centros educativos privados activos, y 145 para los centros privados cerrados de los cuales 76 corresponden al grupo de los 10 principales morosos por una suma de ¢1.893 millones.