Ministro Zamora pide ampliar delitos sujetos a extradición para nacionales

El ministro de Seguridad Pública y Gobernación y Policía, Mario Zamora pidió a los diputados ampliar el espectro de delitos por los cuáles se pueda extraditar a ciudadanos costarricenses requeridos por la justicia de otros países.

Zamora compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que analiza el proyecto de ley que busca permitir la extradición de nacionales.

Zamora, ve con buenos ojos dicha iniciativa. Pero, considera que tal medida se debería ampliar para incrementar la lista de delitos contemplados en el plan.

Lo que actualmente se tiene planteado en la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, es que la figura de extradición se autorice para los delitos de narcotráfico o terrorismo.

El ministro invitó a reconsiderar los delitos. “Nuestra solicitud seria ampliarlo en la dimensión de los delitos que se tienen a efectos de no crear, ni construir impunidad”.

Según el jerarca  los delitos como el tráfico de armas, y la trata de personas deberían ser vistos por las autoridades, para así evitar la impunidad ya que ambos se encuentran muy ligados a las organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes.

Otro de los ejemplos utilizados por Zamora es el delito del femicidio, que son escenarios que se deberían considerar dentro de la magnitud criminal, que podría darse en otro país y quedar impunes.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez, cree que se podría dar esa apertura como los tipificados en el Convenio de Palermo, del año 2000.

Priscila Vindas, legisladora del partido Frente Amplio consultó al ministro sobre la extradición de personas naturalizadas, pues estima que sería mejor mediante un proyecto de ley más que una reforma constitucional.

Zamora considera que no se podría dejar esto en una ley, toda vez que en tanto la persona se naturalice, pasa a tener los mismos derechos que cualquiera nacido en el país, salvo la posibilidad de ocupar la presidencia de la República.

Ante ello, si bien se pueden hacer reformas a la Ley de Naturalizaciones, para quitarle la ciudadanía a una persona naturaliza solo sería posible vía un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y esto duraz alrededor de 10 años, en promedio.