Ministra justifica retrasos con proyectos de ley sobre seguridad

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz justificó el atraso en el trámite de las reformas en materia de seguridad. Foto: Sócrates Colindres

Luego de casi tres meses de que jerarcas de los tres Poderes de la República se reunieron para sentar las bases de los proyectos prioritarios para atender la crisis de violencia que vive el país, las iniciativas están en pausa, a la espera de que desde la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia se “aclaren los nublados del día”.

Según la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el atraso se da  porque existen dudas en relación con algunos de los textos, los cuales incluso han sido modificados para que puedan ser votados.

Uno de los proyectos a los que hizo mención la Ministra, es la reforma Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, en el cual se busca modificar dos artículos.

Artículo 9- Autorización de intervenciones
Dentro de una investigación en el marco de un proceso penal, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y por cualquier otro medio tecnológico, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos, homicidio calificado, homicidio simple; femicidio, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre estupefacientes.
Artículo 12- Plazos y prórrogas de la intervención
La intervención ordenada se autorizará por un lapso máximo hasta de cuatro meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el Juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo. En todo caso, la intervención telefónica no podrá exceder el plazo máximo de un año.

Díaz detalló, que en ese proyecto el Organismos de Investigación Judicial (OIJ), solicito que se le agregara al texto de la reforma un componente sobre el rastreo internacional, y ahora esta siendo analizada en la Comisión legislativa.

Por otra parte, frente a la pretensión de ampliar la aplicación de la prisión preventiva, se le consultó a la ministra Díaz si el Poder Ejecutivo estaba trabajando en la ampliación de la infraestructura carcelaria del país, ya de por sí saturada.

Ante ello exteriorizó que el Ministerio de Hacienda esta buscando los recursos para garantizar las cárceles, pero siguen a la espera que los legisladores voten los proyectos.

 

“El Ejecutivo está enfocado. A través de Hacienda y Justicia esta trabajando para que sea una realidad, pero necesitamos una ley prioritaria” añadió la Ministra de la Presidencia.