Chaves justifica atrasos en firma de nuevas leyes sobre seguridad
El presidente de la Republica, Rodrigo Chaves aseguró este martes que las leyes que en materia de seguridad aprobaron los diputados en las últimas semanas están en proceso de revisión por parte del Departamento de leyes y decretos de la Presidencia de la República.
Por ello, dijo, no han sido firmados, más allá de que hace dos semanas él mismo reclamaba a la Asamblea Legislativa que allí se hablaba muy bonito, pero no se avanzaba en definiciones concretas mientras el país seguía en medio de un delicado clima de inseguridad.
Chaves explicó que pidió un informe sobre los atrasos, que no comprenden solo las leyes en materia de seguridad. Y dijo que muy pronto estarán firmados y que le gusta que le estén controlando los días cuando hubo leyes que pasaron 8 o 10 años sin firmar.
Para el mandatario, en la Asamblea si han estado pasando leyes, y está bien. Pero sostuvo que el gran plato fuerte es la mano dura.
Ello, “ya que la policía y el OIJ saben quiénes son los sicarios, quien les paga, quien los entrena. Sin embargo, constitucional y legalmente, la policía no los puede detener, sino es infraganti”. Indico Chaves.
El mandatario reitero que hasta el momento han pasado los proyectos que no son controversiales “y los grandes proyectos que si mueven la aguja están pegados”.
Chaves hizo estas manifestaciones durante un acto en que anunció la llegada de 10 escáneres donados por el Gobierno de Estados Unidos, como parte de los resultados de una reunión sostenida, el pasado 22 de marzo, con la jefa del Comando Sur de ese país.
En esa cita con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, el país consiguió el compromiso de una donación de $800 mil dólares.
En los últimos días surgieron voces desde la Asamblea Legislativa reclamando a Chaves la firma de las leyes. Especialmente, una reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones, promovida por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, para retirar la nacionalidad a aquellos que habiendo sido naturalizados, sean sentenciados por un tribunal competente.