Cancillería pedirá intervención de la OEA en Venezuela

Así como el jefe de fracción del PLP, Diego Vargas, otras figuras políticas cuestionaron el resultado de las elecciones en Venezuela. Foto Sócrates Colindres

La Cancillería costarricense anunció que pedirá una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular en Venezuela, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia.

En un comunicado es lunes, la Cancillería se pronunció en favor de un conteo transparente de los votos emitidos el domingo, y que los resultados no deben arrojar ninguna duda.

Ya el domingo, el país se había sumado a una amplia lista de naciones latinoamericanas que pidieron que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara ganador al presidente Nicolás Maduro.

De hecho, ni bien se dio ese anuncio cuando Casa Presidencial emitió un mensaje del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en que expresaba dudas sobre los resultados y advertía de fraude en el proceso.

Entretanto, en sus redes sociales el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias exteriorizó que el pueblo de Venezuela se expresó ayer en las urnas. "La voluntad popular debe ser respetada y las actas de las mesas deben publicarse", dijo.

Y añadió que, como bien ha señalado el Gobierno, Costa Rica no reconocerá a ninguna autoridad surgida de un fraude electoral. 

Por su parte, el presidente del Partido Liberación Nacional (PLN) Ricardo Sancho se pronunció en su cuenta de “X” (antes twitter) indicando que “Venezuela nos importa. La declaración del CNE esta noche no podía ser más descarada y corrupta”.

Sancho agregó que "los números ajustados a la medida del dictador Maduro y la espada desenvainada contra supuestos actos terroristas de hackeo son la excusa para mayor represión".

De acuerdo con el dirigente del PLN, “la comunidad diplomática internacional, que hasta ahora ha sido débil, debe actuar contundentemente y exigir de inmediato una apertura del 100% de las actas. No se le puede creer a un déspota”.

Sancho cerró expresando que varias generaciones de venezolanos no conocen ni la democracia ni la justicia, y que esa es la mayor pérdida histórica que puede sufrir una sociedad.

Para las autoridades del PLN las lecciones que deja la situación en Venezuela son evidentes para la vida democrática: empiezan con la siembra del odio, culpando al propio sistema, y siguen con cambios constitucionales y terminan como dictaduras opresoras, situación de la que ningún país está exento”.

Desde la Asamblea Legislativa el diputado de la Unidad Social Cristiana Lesly Bogorjes planteó que “Costa Rica debe reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Cualquier otro resultado es una muestra clara de fraude electoral y de acciones tiránicas por parte del dictador Maduro”.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en una publicación en redes sociales, sostuvo que "rechazamos de plano el fraude electoral acontecido en Venezuela y hacemos un llamado a la comunidad internacional a desconocer la victoria espuria de Nicolás Maduro".

Para el Comité Ejecutivo del PUSC una de las medidas que debe tomar la comunidad internacional es aislarlo diplomáticamente.

“Nos solidarizamos con el bravo pueblo venezolano que ayer dio una muestra magnífica de valentía y vocación por recuperar su libertad y dignidad. No están solos”, añadió el comunicado.

Desde el Partido Liberal Progresista, el jefe de fracción en la Asamblea Legislativa, Diego Vargas declaró que "se repudió del fraude electoral ocurrido en el proceso que desconoció la voluntad del pueblo".

Vargas criticó a Maduro por escoger el camino equivocado al desconocer los resultados de una nación que anhela vivir en libertad.

La posición del legislador es similar a otros políticos en el sentido de que la comunidad internacional se debe de pronunciar con vehemencia para que los resultados sean revisados por observadores internacionales independientes a fin de que acabe la opresión en ese país.