Director del OIJ asegura que hubo muchos delitos en Fundación Manos Abiertas
En la Fundación Manos Abiertas no solo se daban irregularidades con el manejo de los dineros sino también, agresiones a los pacientes, aseguró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
Lo hizo ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, cuyos legisladores lo citaron para que explicara el protocolo que utilizó su institución durante los allanamientos realizados en las instalaciones de la Fundación.
Zúñiga añadió que en la institución se daban una serie de anomalías operativas. Por ejemplo, no se tenía personal medico de planta y cuando llegaban los médicos externos a realizar visitas, había personas que se vestían como enfermeros para hacer que atendían a los pacientes.
La investigación que realizan los diputados comenzó debido a que varios días después la acción judicial comenzaron a morir pacientes en los lugares a donde fueron trasladados. De hecho, a la fecha más de 20 pacientes murieron por diversas complicaciones.
Causa
En marzo pasado el OIJ en conjunto con la Fiscalía General de la República realizaron allanamientos a dos sedes de la Fundación Manos Abiertas; una ubicada en Desamparados de Alajuela, y otra en La Unión de Cartago.
Según el informe preliminar, en esta organización sin fines de lucro se cometían varios delitos, como maltrato infantil, trata de personas por medio de esclavitud laboral, malversación de fondos, ejercicio ilegal de la profesión, entre otros.
El director del OIJ mencionó que en la logística del operativo se incluyó en cada uno de los allanamientos personal especializado, entre médicos forenses, médicos residentes, técnicos en toxicología y otros técnicos forenses a fin de garantizar a las personas la atención debida durante la diligencia judicial.
Añadió que en el operativo el OIJ y La Fiscalía solicitaron al Juzgado una medida atípica en el proceso, para que las personas que estaban laborando en la Fundación, continuaran en la atención de los adultos mayores y los menores de edad.
Según Zúñiga, en el proceso se informó con anticipación a las instituciones involucradas (PANI, CONAPDIS, Cruz Roja, Hospital de Alajuela y Clínica de la Unión) para tomar las previsiones del caso.
Añadió que este operativo no se hubiese tenido que realizar, si existieran mejores controles de fiscalización por parte de las Instituciones públicas que deberían velar por el buen manejo de los fondos.
La diputada de la bancada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, le consultó al jerarca del OIJ cuales fueron los criterios técnicos empleados a la hora de realizar el allanamiento,
Zúñiga reiteró que en todos los operativos que realiza la institución en allanamientos, siempre se prioriza la vida, y este no fue la excepción. Incluso, dijo, se cambió la fecha ya que originalmente chocaba con el cierre institucional del Estado por las fiestas de fin de año.
La legisladora del Partido Liberación Nacional, Katherine Moreira, cuestionó si la jerarca del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS), Bilbia González violentó la medida cautelar impuesta por un juez, cuando recibió la administración del Centro en La Unión, al distribuir a los internados.
“Vieras que como usted nos explica tan explícitamente, doña Bilbia cuando vino no nos indicó nada de lo que usted nos comentó. Lo que ella nos dijo fue que le avisaron que iba a haber un allanamiento y que ellos no tuvieron tiempo para prepararse”, cuestionó Moreira.
Zúñiga respondió que esa valoración de juicio le pertenecería a la adjudicatura forense, a la fiscalía u otras personas, y que esa no es competencia del OIJ, pero que se les hizo saber tanto a la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza, como a González.