Diputados piden a Fiscalía ampliar investigación sobre contratos del SINART
Los diputados aprobaron el informe de mayoría que presentó la Comisión investigadora de las Contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), pues consideran que existieron actos de corrupción en ese esquema.
En el informe los diputados concluyeron que la Agencia de Publicidad del SINART se utilizó con la finalidad de concentrar toda la pauta del Estado para asignarla a los medios de comunicación afines al Poder Ejecutivo.
Además, el documento señala que las decisiones salieron desde Casa Presidencial, por parte del Presidente Rodrigo Chaves, el cual encabezaba el Comité Editorial de Comunicación, junto con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y la jefa de fracción oficialista en la Asamblea, Pilar Cisneros.
También formaban parte de ese Comité la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz; la exministra de Comunicación, Patricia Navarro; además de Federico Cruz “Choreco”, quien realizaba funciones de asesor y entraba libremente a la Presidencia.
El productor Christian Bulgarelli es otro que señalaron al ser el encargado de redactar los términos de referencia de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $400.000.
El legislador del Frente Amplio Ariel Robles acusa que el SINART fue instrumentalizado con fines políticos para que los recursos del Estado se utilicen para cometer "chorizos".
Robles señala que algunos funcionarios vendieron su honor para mantener sus puestos en ciertas instituciones públicas. Aquí citó a la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton.
Añadió que aquí comenzaron los roces con la Contraloría General de la República, dado que este ente advirtió actos de corrupción por parte del Ejecutivo, lo que impidió que pudieran hacer fiesta con ₡9.000 millones de colones.
Robles tildó de corruptos al presidente Rodrigo Chaves, los diputados oficialistas encabezados por Pilar Cisneros y al legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Lesly Bojorges por prestarse a apoyarlos en las gestiones.
La diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista sostuvo que se destinaron ₡9.000 millones de colones de las instituciones públicas sin criterios técnicos y con contratos amañados.
Sostuvo que la Agencia de Publicidad del SINART no actuó para el bien común de los costarricense, y más bien se prestó para ser el mazo político en manos del presidente Chaves, para usarlo con el fin de acrecentar su imagen.
Añadió que la Agencia no sirve por lo que debería de cerrarse y usar el dinero para otra cosa, como pensiones, bonos de vivienda, u algo de mayor relevancia.
El legislador del Partido Liberación Nacional, Francisco Nicolás señaló que este es un claro caso de corrupción de parte del Poder Ejecutivo que buscaba corromper a los medios de comunicación y usaron el SINART como arma financiera.
Aseguró que fueron derroches con la idea usar los recursos de una forma incorrecta tratando de hacerse autobombo, porque es un Poder Ejecutivo al que le gusta inflarse, empezando desde el Presidente.
Según el diputado, es un vil chantaje violentando a los medios de comunicación para torcer voluntades a cambio de pauta publicitaria.
El diputado también hizo señalamientos al BCIE, que considera fue parte del acto de corrupción al no hacer las denuncias correspondientes sobre las irregularidades en los procesos de contratación.
Para Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, su trabajo ha sido cuestionado mediante violencia política solo por señalar los hechos incorrectos realizados por el Poder Ejecutivo.
El informe de mayoría fue votado favorablemente por 30 diputados y será enviado al Ministerio Público para que amplié la investigación.