Hacienda marca déficit de ¢436.000 millones en recursos para la CCSS

En el proyecto de Ley de presupuesto nacional para el 2025 que se discute en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda planteó ¢436.000 menos de lo estimado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en lo que respecta a la deuda del Estado con la entidad.

Mientras la CCSS estimó en ¢1.1 billones el monto para honrar las obligaciones con los seguros de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Ministerio de Hacienda propuso el pago de ¢672.427 millones.

Los números de la CCSS apuntan a que, para hacerle frente al pago por los rubros de asegurados por el Estado, del programa de Niñez y Adolescencia y de otros programas especiales, se requieren ¢867.000 millones. Además, para abonar a la deuda al IVM, la CCSS solicitó ¢234.617 millones.

Pero, el Ministerio de Hacienda ofreció ¢493.000 millones y abonar al IMV la suma de ¢179.000 millones. Es decir, que en el Seguro de Salud el ofrecimiento de Hacienda está ¢374.000 millones por debajo de la estimación de la CCSS y en lo referente al IVM el pendiente global es de ¢62.000 menos.

La información fue confirmada por el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, en entrevista con www.despertar.cr. Indicó que, en julio anterior, la Presidencia Ejecutiva de la entidad envió un oficio al Ministerio de Hacienda con una serie de estimaciones efectuadas por la Dirección Actuarial y Económica, con la colaboración de la Gerencia Financiera y la Dirección de Planificación Institucional con los montos considerados suficientes para hacerle frente a las obligaciones con la institución.

“En el Seguro de Salud, es particularmente relevante que en la estimación realizada de lo que costaría el programa de Asegurados cuenta del Estado se estableció un monto total de ¢147.942 millones y Hacienda lo que presupuesta es ¢1.406 millones.

“Es decir, la diferencia entre lo que la CCSS estimó que era necesario presupuestar para financiar el programa de Asegurado por el Estado y lo que Hacienda incorporó en al proyecto de presupuesto 2025 es superior a los ¢146.000 millones. Queda el 99% sin financiamiento”, afirmó Picado.

Picado añadió que en lo que respecta al aporte de la cuota estatal para los trabajadores independientes, Hacienda previó ¢123.000 millones, lo que corresponde a un 70% de lo que debería girar en el 2025.

“Desde el inicio de la presupuestación ya para el 2025 iniciamos con una brecha de ¢374.000 millones para Salud y de ¢62.000 millones para IVM. Eso es lo presupuestado, pero puede ser que, a final de año, se pague menos”, afirmó Picado.

Explicó que esto influye en el acelerado crecimiento de la deuda del Estado con la CCSS.

 8% del PIB

En la actualidad, la deuda del Gobierno con la CCSS asciende a ¢4 billones, lo que se representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Es decir, el monto equivaldría a la suma que debería girarle, en el 2025 el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Picado explicó que la deuda del Seguro de Salud ha crecido de manera sostenida:

• Del 2010 al 2014 la deuda del Estado estaba en ¢650.000 millones.
• Del 2014 al 2018, la deuda ascendió a ¢1.2 billones.
• Del 2018 al 2022, lo adeudado escaló a ¢2.7 billones.
• 2022 a la actualidad pasó a estar por encima de los ¢3.3 billones.

Lo que ha amortiguado el fuerte crecimiento de la deuda del Estado con la CCSS, son los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa, para destinar el 10% al pago de las sumas pendientes con la Seguridad Social.

Picado comentó que la deuda del Estado no está tan concentrada en el porcentaje que da como complemento, sino que, fundamentalmente, por la protección de poblaciones que tienen condiciones especiales de riesgo.

Detalló que, en 1984, por un decreto ejecutivo, se creó el Seguro por cuenta del Estado, pensado en personas y familias que están en condición de pobreza extrema y de pobreza básica que no tienen una modalidad de aseguramiento pues no son asalariados ni trabajadores independientes ni pensionados.

Subrayó que, en la actualidad hay 420.000 personas amparadas a esa norma.

En 1998, la Asamblea Legislativa creó el Código de Niñez y Adolescencia con lo cual, el Estado se obligó a asegurar a todo menor de edad, nacional o extranjero, legal o ilegal, pero cuyos padres no los pueden asegurar.

Los demás son asegurados por otras leyes especiales en que el Estado también se comprometió a hacerlo con cargo a las finanzas públicas. Entre los tres programas de aseguramiento del Estado suman 700 mil personas.

“El Estado no paga los costos de los servicios (…) El Estado a lo que se compromete se con la Caja y es lo que hemos definido históricamente; es que paga una cuota de aseguramiento. El Estado debería pagar por cada una de las 700 mil personas, por decir un monto, ¢50.000 mensuales”, manifestó Picado.

El segundo importe de relevancia se dio con la reforma del sector salud, en el que se pasaron servicios que daba el Ministerio de Salud a la CCSS

“Fue el momento donde este país, a diferencia de muchos otros países, convirtió a la Caja en el único proveedor público de servicios de salud. En otros países subsiste la seguridad social con ministerios de Salud”, mencionó.

Explicó que la ley que dio pie al financiamiento al Hospital de Alajuela reformó una ley con la que básicamente lo que se interpreta por parte de los Tribunales de Justicia es que el Estado está obligado a financiar la totalidad del primer nivel de atención que desarrolla la Caja.

“En Tribunales se está discutiendo cuál es el monto que el Estado le tiene que pagar a la Caja, porque existe la ley que establece que lo debe dar la CCSS (la atención). Lo debe pagar la CCSS.

“Solo en el primer nivel, lo que invertimos en áreas de Salud y Ebais, anda por el orden de ¢480.000 millones anuales; es decir casi medio billón de colones. En estos conceptos el Estado no presupuesta ningún monto en los presupuestos de la República”, recalcó Picado.