Señala que unidad técnica no presentó estudio para ajustes

Presidencia Ejecutiva de la CCSS se lava las manos por salario de Esquivel

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, ha estado en el ojo del huracán, pues su salario estaba por encima del máximo legal. Foto: Archivo.
“Con la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en mayo de 2022, se hizo necesario ajustar los salarios correspondientes. Sin embargo, es crucial señalar que la unidad técnica no ha presentado a la Junta Directiva el estudio requerido para estos ajustes", informó la Presidencia Ejecutiva de la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió un comunicado atribuido a la "presidencia ejecutiva", sin especificar nombres, donde se lava las manos por el hecho de que el salario de Marta Esquivel, quien ocupa ese cargo, está por encima de lo que establece la ley.

Pese a que este medio de comunicación consultó específicamente a la Oficina de Prensa a quién se referían con "presidencia ejecutiva", el director de prensa, César Blanco, se limitó a reiterar que "el despacho de la presidencia lo emite".

La pregunta parecía pertinente dado que desde el miércoles Esquivel se acogió a sus vacaciones, según informó a la junta directiva el martes.

En el documento se detalla que, en el 2019, la junta directiva fijó el salario de la presidencia ejecutiva, basándose en un informe técnico de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.

“Con la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en mayo de 2022, se hizo necesario ajustar los salarios correspondientes. Sin embargo, es crucial señalar que la unidad técnica no ha presentado a la Junta Directiva el estudio requerido para estos ajustes", añade de documento.

Pese a ese señalamiento, en el comunicado se pretende trasladar la responsabilidad a otra área. “Esta omisión no fue informada a la Junta Directiva por la auditoría interna, lo que resultó en el mantenimiento del acuerdo salarial previo”, se indica.

Al mismo tiempo, en la nota se asegura que el expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, también recibió el mismo salario que la Contraloría determinó como ilegal.

El 19 de diciembre anterior, la CGR emitió un oficio DFOE-DEC-3200, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, tras determinar que el salario de Esquivel, que es de ¢7.158.484 está por encima de los ¢5.565.000 mensuales que debe recibir como máximo.

EL oficio llegó a la secretaría interina de la junta directiva un día antes de que Esquivel saliera a vacaciones.

¿Ahora o después de las vacaciones?

En este sentido, la CGR ordenó a la Junta Directiva de la CCSS ajustar el salario de Esquivel al tope máximo legal permitido, hacer los estudios para determinar cuánto se le pagó de más y que se proceda a la recuperación de esas sumas devengadas de más, desde setiembre del 2022 hasta diciembre del 2023.

Además, deberá devolver lo correspondiente al aguinaldo, cargas sociales, Fondo de Capitalización Laboral, salario escolar, entre otros.

Pese a la orden de la Contraloría, alguno de los funcionarios del despacho de la presidencia ejecutiva que elaboró el comunicado, sostiene que para el cambio en los salarios se debe presentar un nuevo estudio salarial “por parte de la unidad técnica competente a la Junta Directiva, máximo órgano y con competencia para estas modificaciones”.

Y aunque la Junta Directiva no ha sesionado desde que el ente contralor envió su oficio, en el mismo comunicado se asegura que “en respuesta a la orden reciente de la Contraloría de la República para recuperar salarios pagados de más, la Junta Directiva está en proceso de revisar y tomar las medidas necesarias para cumplir con lo que corresponda, garantizando siempre la transparencia y el respeto a las normativas vigentes”.

Esta última apreciación contrasta con lo que señaló el vicepresidente de la Junta Directiva de la CCSS, Zeirith Rojas, quien afirmó a este medio que el caso se conocerá en enero, luego de las vacaciones colectivas.

Rojas se mostró sorprendido por el resultado del oficio, que es producto de una denuncia ciudadana interpuesta y detalló que en el seno del cuerpo colegiado no se conoció del tema anteriormente.

“Tendremos que analizar y proceder a ver cuál es el acuerdo que toma la Junta”, dijo Rojas ante consulta de www.despertar.cr.