Fiscalía pide suspender a Presidenta Ejecutiva y a tres directivos de la CCSS

El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Hacienda suspender de su cargo a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, por seis meses.

La representación de la Fiscalía lo planteó así en la audiencia de medidas cautelares para los implicados en este caso que tiene que ver con la adjudicación de la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) a varias cooperativas.

Con ello, los fiscales descartaron la opción de la prisión preventiva para los investigados en este caso que sacude a la CCSS.

Ante ello, el juez decretó la liberación inmediata de los acusados, toda vez que al no contemplarse una solicitud de prisión, se consideró que no debían seguir presos mientras progresa la audiencia.

Lo mismo aplicaría para la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez y para los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, Zeirith Rojas, María Isabel Camareno, Johnny Gómez. En el caso de Jorge Porras, no le alcanzaría esa medida, pues hoy termina su rol en la Junta..

Además, la Fiscalía solicitó dictar contra los investigados impedimento de salida del país ante el peligro de fuga. De aprobarse, deberán entregar los pasaportes.

Al mismo tiempo, se solicitó que acudan a firmar una vez al mes al Juzgado Penal de Hacienda y que no tengan contacto con testigos ni tampoco con la licitación con las cooperativas de salud.

Rodrigo Araya, abogado defensor de Jorge Porras, indicó que se solicitará que se le deje sin medidas cautelares en vista de que no será directivo de la CCSS dada su renuncia.

En lo que respecta a los exdirectivos Jorge Luis Araya y Roberto Quirós, también pidieron que se les exonere de medidas cautelares.

Amenazas a testigos

Ronald Segura, uno de los tres fiscales que llevan el caso, explicó que se efectuó un análisis objetivo y que al tener los implicados domicilios fijos y un arraigo laboral se optó por otras medidas cautelares diferentes a la prisión.

Además, se tomó en cuenta que algunos de los investigados son adultos mayores.

“Para impedir el peligro de obstaculización en el proceso, pedimos que no intervengan de ningún modo con la licitación. Recordemos que ya está adjudicada, pero falta el refrendo y hay una impugnación ante la Contraloría, de modo de que no intervengan ellos en ningún momento de la licitación”, recalcó Segura.

Añadió que al expediente agregaron la declaración de tres testigos que han sido amenazados en el proceso, algunos son de carácter físico y en otros la amenaza de trasladarlos o despedirlos por su participación en el proceso.

“En el caso de los miembros de la Junta Directiva y de la Gerente General estamos pidiendo la suspensión funcional del cargo. Consideramos que los hechos son muy graves. El daño causado a las finanzas públicas puede ser catastrófico para la CCSS”, puntualizó Segura.

Defendió que el trabajo realizado por la Fiscalía es de orden técnico y no tiene nada que ver con aspectos políticos.

Recalcó que las denuncias fueron efectuadas tanto por la Auditoría Interna de la Caja como por la Contraloría General de la República, por lo cual no se trató de una investigación de oficio.

“Se hizo en un plazo rápido por la complejidad de caso y por la gravedad que reviste”, afirmó Segura, quien además recordó que en el caso Gallo Tapado, del Banco Nacional,  las diligencias se realizaron en 11 días.