Hacienda posterga compromisos con el OIJ

Pese a que se logró un acuerdo entre las partes, tras una reunión en la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Hacienda postergará compromisos urgentes con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para combatir la creciente criminalidad que atraviesa el país.

En la reunión estuvieron presentes la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el director del OIJ, Randall Zúñiga y tras varias horas, se lograron cuatro acuerdos:

• El Ministerio de Hacienda presentará en enero del 2024 un presupuesto extraordinario para aclarar que las instituciones citadas en la norma 10, pueden hacer modificaciones sin necesidad de modificación presupuestaria vía ley de presupuesto.
• Hacienda buscará opciones de financiamiento -no deuda- para las plazas que se autorizaron para el OIJ en el presupuesto 2024.
• El Ministerio de Hacienda y el OIJ se comprometieron en trabajar, conjuntamente, en las mejoras en la ejecución presupuestaria del OIJ para el presupuesto del año 2024.
• Establecer mecanismos de coordinación para que en la formulación del presupuesto 2025, el OIJ y el Poder Judicial, incorporen una partida con el propósito de invertir en la infraestructura que requiere el OIJ. Por otro lado, Hacienda se comprometió a hacer el esfuerzo de presupuestar ¢1.500 millones para el 2025.

Los ¢1.500 millones son  para la construcción de la nueva sede del OIJ, aunque ese cuerpo policial pretendía destinar ¢2.000 millones al proyecto.

La norma 10 es una restricción aprobada por los diputados que se aplica a los presupuestos, en que las instituciones no pueden desviar, tras modificaciones internas, los excedentes de partidas como salarios hacia otras necesidades.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda sostuvo que los diputados han estado incorporando una norma presupuestaria que prohíbe que los remanentes de salarios puedan usarse para otro tipo de gastos.

Añadió que "eso se hizo en una coyuntura en donde la regla fiscal es sobre lo ejecutado y lo que buscaba esa norma era contener, pero los diputados la integraron".

"Lo que se reflejó  con esta discusión del OIJ es que esa regla también afecta la eficiencia del gasto, en particular en la lucha contra la delincuencia y por eso se excluyó.

"Lo que nosotros le planteamos al director del OIJ es que aclaremos que eso también incorpora el tema de las transferencia, porque los diputados, cuando la aprobaron, hablan de lucha contra la delincuencia y no se especificó que también lo podían hacer para trasladarlos a otros gastos o a otras transferencias", dijo Acosta.

Indicó que todas las instituciones que reciben  recursos del presupuesto nacional, están sujetas a la norma 10.

La Dirección de Planificación estableció que el OIJ requería, para el 2024 alrededor de 1080 plazas nuevas, para hacerle frente al crecimiento operativo, pero ante la crisis fiscal que afecta al país se optó por solicitar 680 puestos nuevos.

Para el 2024, el Poder Judicial tendrá un presupuesto de ¢490.000 millones, el cual es considerado austero ya que debe cubrir las necesidades en todas sus dependencias.

Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, calificó la sesión de trabajo como muy positiva, pese a que en realidad no se concretó ninguna mejora inmediata en la situación presupuestaria del OIJ..

Al mismo tiempo, detalló que para la Defensoría es trascendental el abordaje de la situación de seguridad y, en ese escenario, la entidad alzó la voz por la preocupación ante la incorporación de personas menores de edad y jóvenes en la criminalidad, así como el seguimiento a la Política Nacional de Seguridad y todo aquello relacionado con la dotación de recursos económicos.

*Colaboró en esta información Brando Esquivel Patiño