Fiscalía acusará a exministro Méndez Mata por cierre de 4 plantas de asfalto
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusará penalmente, al exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata por el cierre de las cuatro plantas de asfalto que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
También fueron acusados el exdirector de Obras del MOPT, Ariel Vega León, y el oficial mayor de apellidos Cheves Ramírez.
A criterio de la FAPTA las órdenes de cierre de las plantas de asfalto carecieron de sustento técnico y jurídico.
El delito que se les atribuye es Influencia contra la Hacienda Pública, porque con la decisión eliminaron los recursos asignados a las plantas para provocar, en el tiempo, el estado de desuso, abandono, precarización y cierre, que permitiera enajenar las mismas como bienes del MOPT.
A Vega y Cheves también se les atribuyó una supuesta influencia ejercida sobre otros funcionarios para el cierre de las plantas, “pese a que estas eran rentables bajo un escenario ideal de producción con gran interés público para la realización de obra pública vial”.
“Como consecuencia de dichas acciones, también se afectó la Hacienda Pública porque, mediante el proceso de cierre técnico, se dejó perder la inversión realizada para la compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas, lo que repercutió también en que se diera un incremento en el precio de la mezcla asfáltica vendida por productores privados”, afirmó el FAPTA.
Las cuatro plantas se compraron entre el 2008 y el 2017, con una inversión superior a los ¢3.900 millones. Fueron instaladas en:
- Tajo El Chopo, en Cañas, Guanacaste.
- Siquirres, Limón.
- Plantel Colima, en Santo Domingo de Heredia.
- Paso Real, en Buenos Aires de Puntarenas.
Esta última se adquirió poco antes del cierre técnico que se cuestiona, y se pagó ¢1.700 millones de más.
Las plantas fueron sacadas de operación en el 2018.
La acusación contenida en el expediente 19-000028-0033-PE se comunicó a las partes con el objetivo de que la Procuraduría General de la República (PGR) determine si presentara a la querella si tiene interés en una acción civil resarcitoria.
“Pasado el plazo de ley, la Fiscalía presentará la acusación con solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, órgano que debe señalar una audiencia preliminar en la que se definirá si la causa se eleva a juicio”, informó al Fiscalía.