Ejecutivo quiere ruta especial para levantar obra pública y comprar propiedades

Con la idea de llevar adelante el proyecto denominado “Ciudad Gobierno” bajo las premisas que impulsa el Poder Ejecutivo, este planteó una reforma a la Ley General de Contratación Pública, que permitiría recurrir a un procedimiento especial.

Básicamente, se trata de una reforma al artículo 67 de la referida Ley, de manera que se permita la construcción de obra en terrenos del Estado, aún cuando quien lo lleve a cabo sea ajeno a este.

Bajo esa premisa, el artículo 67 de la Ley General de Contratación Administrativa pasaría a leerse de la siguiente manera:

“Compra y arrendamiento de bienes inmuebles. La administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios, para lo cual se requerirá en todos los casos lo siguiente:

“a) Estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable. Para ello, se pueden utilizar los instrumentos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

“b) Avalúo elaborado por el órgano especializado de la Administración respectiva, o en su defecto por la Dirección General de Tributación u otra entidad pública competente que defina el valor del inmueble o el precio del arrendamiento.

“c) Estudio de mercado de las cuotas o eventuales cuotas de arrendamiento, que lleve a determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar.

“d) Acto motivado adoptado por el máximo jerarca de la institución involucrada. Tal acto deberá tener como fundamento todo lo indicado en los incisos anteriores.

“De no cumplirse alguno de los anteriores requisitos deberá promoverse el procedimiento de contratación que por monto corresponda.

“El arrendamiento de bienes inmuebles se regulará por la Ley N°7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, de 10 de julio de 1995. Su plazo y sus prórrogas contractuales se establecerán de acuerdo a (SIC) la ley N°7527, siendo su plazo máximo hasta por 30 años. Para el reajuste de la renta o precio se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de la citada ley.

“La calificación contable del contrato de arrendamiento deberá cumplir con las normas y principios de contabilidad según corresponda. Cuando se trate de un arrendamiento financiero, será aplicable lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley.

“La Administración podrá adquirir o arrendar inmuebles por construir, en proceso de construcción o construidos, de acuerdo al (Sic) interés público.  En estas compras o arrendamientos, la Administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general.

“Es permitido el arrendamiento de bienes por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, sean éstos propiedad de la administración arrendataria o de cualquier otra entidad pública.  En ningún caso, la propiedad de un terreno público, bajo este supuesto, pasará a ser del arrendante durante el plazo del contrato o cuando éste finalice.

“Las entidades públicas propietarias de los terrenos podrán otorgar derechos de uso a terceros, a fin de satisfacer el interés público.  Estos derechos de uso no deben exceder el plazo de 30 años”.

Criterios encontrados

El presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, mantienen un pulso abierto con la Contraloría General de la República (CGR) debido a que este ente no avaló que el proyecto “Ciudad Gobierno” se lleve a cabo a través de un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que construiría y alquilaría edificios al Gobierno.

De acuerdo con el plan del Poder Ejecutivo, los terrenos serían aportados por el Estado, mientras la construcción y el mantenimiento serían responsabilidad del Banco, que recibiría un pago por su participación, bajo el esquema de arrendamiento.

La Contraloría sostiene que la Ley no permite la construcción de obra en terrenos del Estado a no ser por una contratación directa de un ente estatal, bajo el esquema de la licitación.

Pero, ni Chaves ni Fernández están de acuerdo e insisten en que esa en una interpretación antojadiza de la contralora general, Marta Esquivel, y su equipo, en el afán de que el proyecto no avance.

Además, ambos funcionarios estiman que recurrir al esquema de licitación para llevar a cabo el plan sería muy lento. Eso, pese a que ya llevan dos años peleando con la Contraloría, tiempo en el cual el proceso no ha avanzado.

El proyecto, discutido desde hace varios años e impulsado también por otras administraciones, contempla la construcción de varios edificios en una propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la que se sumarían algunas otras que lo circundan. Esto, en las inmediaciones de las actuales instalaciones de ese Ministerio.

Todo ello, con el objetivo de reducir el costo que tienen hoy los alquileres para las entidades del Gobierno.