Detienen a cinco empleados del PANI bajo cargos de trata de personas

Cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) fueron detenidos como sospechosos del delito de trata de personas para adopciones irregulares.

Las detenciones se dieron en cinco allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a oficinas y centros de atención del PANI, ubicados en Cariari de Pococí, Puerto Jiménez de Puntarenas, Orotina, Alajuela y Santa Ana.

Los detenidos son:

• Una mujer de apellido Hernández, de 31 años.
• Un hombre de apellido Fernández,, de 42 años.
• Una mujer de apellido Chavarría, de 48 años.
• Un hombre de apellido Barrantes, de 61 años.
• Una mujer de apellido Chacón, de 39 años.

Según informó el OIJ, la detención de estas personas se dio en el transcurso del día en vía publica en Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina.

Las diligencias judiciales son producto de un informe remitido al Ministerio Público por la Presidenta Ejecutiva del PANI, en agosto del 2022, en el cual hacía ver que, en la Oficina Local del PANI de Cariari de Pococí, existían irregularidades en trámites de adopción de menores de edad.

“A raíz de esta situación, se realizaron diferentes diligencias de investigación, donde se logró identificar a estas personas sospechosas y, además, se pudo constatar que había irregularidades en la aparente ubicación de personas menores de edad”, informó el OIJ.

Además, se constó que “no se estaban realizando correctamente los procesos administrativos que se requieren en temas de adopción y también, brindaban falso testimonio en estos procesos con tal de apartar a estos menores de sus familias biológicas y colocarlos en alguna familia adoptiva, que posteriormente se habrían incluido en este tipo de programa, y donde adicionalmente se les brindaba una ayuda económica por parte del PANI, mientras se resolvía en instancias judiciales la tutela de los menores”.

Los detenidos fueron presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.

Las investigaciones continúan pues falta esclarecer si estos funcionarios habrían recibido algún tipo de dádiva. 

Kennly Garza, presidenta ejecutiva del PANI comentó que la entidad había presentado una denuncia ante el Ministerio Público. Además, y dictado medidas administrativas de suspensión de labores contra 7 funcionarios y funcionarias

La denuncia judicial se presentó en el 2023 por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección - acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de las niñas, niños y adolescentes-.

Los empleados involucrados en la denuncia son Trabajadores Sociales, Abogados, Psicólogos y un Coordinador que laboran en diferentes lugares del país.

Garza detalló que ordenó a la Gerencia Técnica que un equipo interdisciplinario continúe con la revisión de las intervenciones administrativas y garantice la continuidad de los servicios.