Recrudece conflicto por visado entre Costa Rica y Honduras

A partir de ahora, también los transportistas hondureños que deban entrar al país para traer productos o mercancías deberán contar con la visa consular de ingreso a Costa Rica.

Este es el nuevo requerimiento aprobado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), cuya resolución D. Jur-559-10-2023-ABM fue publicada en el alcance 202, de La Gaceta 191, este martes.

Cabe recordar que Costa Rica, a partir del 6 de octubre anterior limitó el ingreso de hondureños al país, aduciendo temas de “seguridad nacional”, ante el aumento de la criminalidad.

La medida no se aplicaba a los transportistas de nacionalidad hondureña que traían mercancía al país. Junto a esto, Migración estableció seis requisitos que debían cumplir los hondureños.

Producto de lo anterior, a partir del 10m de octubre pasado las autoridades hondureñas adoptaron la misma medida, pero son 15 los requisitos para los ticos que deban ingresar a Honduras, incluyendo los transportistas costarricenses.

Con la nueva medida, recrudece el conflicto y la tensión entre ambas naciones centroamericanas.

De aplicación inmediata

En el tercer considerando de la nueva resolución, cuya vigencia es de aplicación inmediata se indica que, debido a que Honduras optó por no aplicar excepción alguna a los transportistas costarricenses, como un asunto de reciprocidad, Costa Rica decidió revocar la exoneración de visa que había.

“(…) de manera que a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución deberán presentar visa de ingreso otorgada conforme a la circular DG-30-10- 2023-AJ.

“Adicionalmente suprimir de la exoneración de visa de los Estados Unidos, visa de Canadá y visa Shengen a los nacionales de Honduras que siempre deben de tener visa ordinaria de ingreso a Costa Rica.

“Asimismo el personal diplomático y con pasaporte de Servicio, requerirá de tal visado, como las tripulaciones aéreas y marítimas de navieras, por el principio de reciprocidad mencionado”, se lee en la nueva directriz.

En este sentido, en el por tanto se reitera: “REVOCAR (las mayúsculas son del original) la exoneración temporal de visa realizada mediante resolución número D.JUR 426-08-2023-JM a favor de las personas extranjeras que ingresan a Costa Rica bajo la categoría migratoria de No Residentes, subcategoría ‘Personal de Medios de Transporte Internacional de Pasajeros y Mercancías’, contemplada en el numeral 87 inciso 5) de la Ley General de Migración y Extranjería, únicamente para las personas extranjeras de nacionalidad Hondureña (la negrita es del texto original) que pretendan ingresar al país bajo la citada figura. Rige a partir de su suscripción”.

A través de la oficina de prensa se trató de entrevistar a Marta Vindas, directora general de la DGME, pero no hubo respuesta al mensaje dejado.

De acuerdo con la Cámara de Exportadores Costarricenses (Cadexco) Costa Rica envía a Centroamérica el 19.13% de sus exportaciones. En este sentido, en promedio se exportan $304 millones.

El principal destino centroamericano es Guatemala, con un 4.91%, seguido de Nicaragua, con el 3.84%, Panamá, con un 3.56%, Honduras, 3.50%, El Salvador, 2.65% y Belice, 0.67%.

Empresas afectadas

Por su parte, un sondeo efectuado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) reveló las afectaciones causadas a partir de la imposición de nuevas medidas migratorias por ambas naciones centroamericanas.

Del sondeo, el 73% de las empresas consultadas por la CICR que operan en la región reconoció tener retrasos en sus operaciones comerciales.

Además, el 53% tiene cargas retenidas en ruta, un 47% reporta costos adicionales generados por la situación y un 27% tiene faltante de materia prima.

Al respecto, Sergio Capón, presidente de la CICR indicó que más del 60% de las empresas reportaron el incumplimiento de los plazos de entrega.

“De continuar esta situación el nivel y tipo de afectaciones seguirán creciendo en perjuicio del sector productivo; una contracción en el comercio regional puede tener un impacto en el empleo afectando a familias que dependen de estas actividades”, recalcó Capón.

La CICR ve con preocupación el impacto que esta situación tiene en las empresas, las cuales reportan gastos adicionales desde los $1000 hasta $32.000 en la primera semana.

También, algunas empresas cancelan $100 diarios por unidad detenida, además del impacto en las cadenas de suministro que se agravará con el paso de los días, advirtió la CICR.

"Esta situación se suma a los cierres viales que afectan a Guatemala, por lo que la producción y el comercio regional se están viendo gravemente afectados", añadió la CICR.