CCSS pagó salarios de más y cobra en cuotas de polaco a trabajadores

Un reciente informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentado a la Junta Directiva concluye que la entidad desembolsó más de ¢5.147 millones en salarios pagados de más.

Según expuso Olger Sánchez, auditor interno de la Caja, ya se iniciaron algunos procesos de recuperación, pero con negociaciones de plazos que dejan dudas sobre las verdaderas posibilidades de traer de vuelta esos dineros.

Sánchez llamó la atención que se identificaron 75 casos en que la CCSS durará más de 35 años en el proceso de recuperación de los dineros pagados de más a los trabajadores.

A manera de ejemplo, indicó que hay un caso de un trabajador con 67 años, que se le pagaron ¢2 millones de más y durará 36 años para cancelarle a la CCSS.

Además, existe otro caso de un trabajador de 50 años al que se le cobrarán ¢5 millones y cuyo arreglo de pago es por 31 años.

También sumó que existe un trabajador con 68 años cumplidos, al que se le aprobó un acuerdo de pago por 29 años, entre otros en la misma línea.

“Esos son valores extremos y es ahí en que decimos que no existen criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la suscripción de acuerdos de pago con la persona trabajadora”, afirmó Sánchez.

Según expuso el auditor interno de la Caja, la suma identificada se le pagó al 22% de la planilla, que es la muestra del análisis.

Con esto no se descarta que la suma sea mayor, en virtud de que el estudio no se efectuó al 100% de la planilla de la CCSS, constituida por alrededor de 68.000 empleados.

Del total, ¢2.175 millones corresponden a sumas pagadas de manera improcedente y de este monto el 75,54% no ha sido recuperado.

Sánchez indicó que han realizado gestiones de cobro en el 24% de los casos, con los cuales la institución ha logrado a algún acuerdo de pago.

Es decir, más de ¢1.630 millones no han sido recuperados por la CCSS.

Por otro lado, se identificó que producto de que no se aplicó de manera estricta, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se cancelaron de más ¢2.989 millones en salarios.

De este punto, el 94% corresponde a anualidades y el 6% restante, por concepto del aumento salarial del 2019 a profesionales en ciencias médicas.

“De este monto, de los casi ¢3.000 millones está pendiente de cobro el 100% de la muestra objeto de análisis”, afirmó Sánchez.

Según él, los pagos de más obedecen a problemas de digitación. A manera de ejemplo comentó que se han dado casos que en vez de pagarle a un trabajador un salario de ¢1,8 millones, se le digita ¢18 millones y allí se dan los problemas de pagos adicionales.

“El digitador aplica mal un número y eso genera el pago improcedente. Hemos tenido casos en que se han pagado de más más de ¢5 millones.

“Cuando se llega a la negociación con el trabajador y considerando las condiciones de liquidez, están de acuerdo en pagar ¢5.000 por quincena, lo que eleva la cantidad de meses que el trabajador terminaría pagando el monto que le adeuda a la institución”, externó Sánchez.

Otros hallazgos

El Auditor Interno también llamó la atención en el sentido de que exista una negativa de los trabajadores a los que se les pagó de más, en llegar a un acuerdo de pago con la institución, a fin de devolver los dineros.

Aunado a lo anterior, apuntó la existencia de una normativa desactualizada de cobros institucionales, lo que afecta la recuperación de los dineros en sede administrativa o judicial.

“Los procesos son imprecisos y no definen con claridad los lineales que habrá que seguir. Entonces queda a criterio de cada una de las unidades cuáles van a ser los acuerdos, el plazo, los montos que habrá de cobrarle a la persona trabajadora a la que se le produjo de pago improcedente”, adujo Sánchez.

Indicó que se han realizado recomendaciones sobre el tema desde el 2018, pero que están pendientes de cumplimiento.

Otras de las debilidades identificadas es que no se da un seguimiento para los casos de sumas pagadas de más, de manera estandarizada y automatizada, lo que incide, de manera negativa en el proceso de recuperación de los dineros.