Perjuicio por adjudicación a cooperativas de salud sería de ¢124.000 millones
Para el fiscal general de la República, Carlo Díaz, la adjudicación de la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) a cuatro cooperativas y una asociación médica, por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene precios excesivos, por lo que representa un perjuicio por más de ¢12.400 millones al año.
Esto se traduce en que, durante los 10 años de contratación, a las empresas adjudicadas se les pagaría en total ¢124.000 millones adicionales.
Díaz recalcó que la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público es producto de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la CCSS, sobre la adjudicación de los EBAIS a Asemeco y a las cooperativas Coopesalud, Coopesiba, Coopesana y Coopesain.
La Auditoría solicitó, en agosto pasado, a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investigar si se incurrió en algún delito en la adjudicación.
“Aquí se denunció la injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso.
“Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja que presentó la denuncia. También, de la Contraloría General de la República, que hizo observaciones e informes de la misma”, afirmó Díaz.
A raíz de los 28 allanamientos que se efectuaron este lunes en este caso, fueron detenidas ocho personas:
- Marta Esquivel, presidenta ejecutiva.
- Isabel Camareno, directora, representante del Estado.
- Jorge Porras, director, representante del Estado.
- Zeirith Rojas, directivo, representante patronal.
- Johnny Gómez, directivo, representante patronal.
- Jorge Luis Araya, exdirector, representante patronal.
- María de los Ángeles Gutiérrez, directora de Proyección de Servicio de Salud.
- Roberto Quirós, exdirectivo por el sector patronal y exgerente general de la CCSS.
Los ocho imputados fueron trasladados a una sala del II Circuito Judicial de San José, donde se les tomarán las declaraciones indagatorias.
Según informó el Ministerio Público, lo anterior por un tema de logística, puesto que la audiencia de medidas cautelares será en Goicoechea, donde se ubica el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Otra persona implicada es el exgerente médico Marino Ramírez, quien fue detenido por tener un arma legal, pero sin el permiso correspondiente. Se le detuvo por esa razón y fue remitido al Tribunal Flagrancia.
“Esta investigación reviste de mucha importancia, sobre todo porque se están disponiendo de muchos recursos públicos, más de ¢12.400 millones al año.
“Esto va a afectar tanto el bolsillo de los costarricenses como al sistema de salud, en donde definitivamente va a haber un detrimento al pagar precios excesivos”, recalcó Díaz.
Con la adjudicación a las cooperativas, se le pagará a las cuatro cooperativas y a la asociación médica alrededor de ¢3.800 millones mensuales. Al año, la inversión representaría para la CCSS un pago de ¢47.155 millones.
Los directores de la CCSS acordaron hacer la adjudicación, pese a que la Dirección Contable y el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como la Gerencia Médica recomendaron declarar infructuosa la licitación, debido a los precios excesivos identificados.
Tráfico de influencias y afectación a la Hacienda Pública, son los posibles delitos que se investigan.