Fiscalía solicitará apertura a juicio

Acusan penalmente a 22 personas en caso ALDESA

Accionistas de Aldesa denunciaron que fueron estafados años atrás y ahora el caso cuenta con una acusación penal. Foto: Aldesa Grupo Bursatil.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual acusó penalmente a 22 personas y solicitará la elevación a juicio del caso 19-000157-1220-PE, conocido como “ALDESA”.

Ese despacho determinó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 22 personas habrían cometido delitos a través de esa empresa. 

Los posibles delitos por los que se señala a los implicados son estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. La acusación consta de 809 páginas, según señaló la Fiscalía en comunicado de prensa.

Los 22 acusados ocupaban diferentes puestos en ALDESA. Entre estos: miembros de junta directiva, el gerente financiero, el tesorero, el jefe de operaciones y corredores de bolsa.

Los acusados, los puestos y los presuntos delitos que se les atribuye son los siguientes:

  • Javier Chaves Bolaños, miembro de junta directiva: estafa.
  •  Artiñano Ferris, miembro de junta directiva: estafa.
  • Rojas García, gerente financiero: estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
  • Eduardo Ulibarri Bilbao, miembro de junta directiva: estafa.
  • Montealegre Saborío, miembro de junta directiva. estafa.
  • Oreamuno Morera, miembro de junta directiva: estafa.
  • Jaramillo Cordero, jefe de operaciones: estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
  • Villar Barrantes, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  •  Aguilar Arias, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Mendoza Orozco, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Araya Salas, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Garita Carballo, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Simón Rojas, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa. 
  • Mesén Araya, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa. 
  • Alfaro Chacón, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa. 
  • Morera Calvo, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa. 
  • Calderón Meza, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Balma Calderón, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Mesalles Jorba, miembro de junta directiva: estafa.
  • Castillo Cruz, tesorero: infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
  • Díaz Solís, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones: estafa.
  • Lanzo Luconi Bustamante, miembro de junta directiva: estafa.

En el 2019, Corporación de Inversiones ALDESA reconoció que tenía falta de liquidez para efectuar los pagos a sus accionistas, por lo que fue allanada.

Los representantes de la corporación acudieron a los tribunales para encontrar alguna salida, pero fue declarada en quiebra.

¿Y ahora?

Lo que sigue, de acuerdo con lo determinado por la Fiscalía, es que las víctimas conozcan y analicen la acusación para que determinen si desean constituirse en querellantes (presentar una acusación privada), lo cual deberán informar en un plazo de tres días.

Si optan por querellar, tendrán 10 días para presentar su acusación.

“Las víctimas también deberán informar si pretenden ejercer la acción civil resarcitoria, para concretar sus pretensiones económicas por daños y perjuicios. 

“Una vez que venza el tiempo y que se cumpla con diligencias establecidas en el Código Procesal Penal para cuando las víctimas se constituyen en querellantes y en actores civiles, el expediente se presentará ante el Juzgado Penal, con solicitud de apertura a juicio”, señala la Fiscalía. 

A partir de ese momento, será el Juzgado Penal el que determinará si ordena o no la realización de un debate oral y público.

Esta semana se informó que entre el 14 y el 20 de noviembre pasados, finalizó la toma de declaraciones indagatorias a la totalidad de personas vinculadas con la causa, luego de que el 30 de octubre recibiera un informe policial definitivo, que es una evidencia necesaria para culminar la investigación elaborada por la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la Fiscalía, el expediente en cuestión tiene un nivel alto de complejidad y está compuesto por 5.323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 folios.