Sector privado panameño critica "inacción" del gobierno ante bloqueos

La gente celebró cuando el 23 de octubre el presidente Laurentino Cortizo anunció un referéndum sobre la minería a cielo abierto en Panamá. Foto: Roberto Cisneros / AFP.

Ciudad De Panamá, Panamá. (AFP). El principal gremio empresarial de Panamá criticó este jueves la "inacción" del gobierno del presidente Laurentino Cortizo ante los bloqueos de rutas que tienen semiparalizado al país desde hace más de un mes en rechazo a un polémico contrato minero.

Las protestas estallaron el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el gobierno que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

"En los últimos 30 días, Panamá ha sufrido un persistente cierre de vías, con el consecuente caos [...] y un doloroso proceso de la destrucción de la matriz económica de la nación", afirmó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en un comunicado.

"Frente a esto, existe una ausencia de autoridad, cuyo persistente silencio e inacción hace que grupos que promueven el caos y la anarquía definan el futuro de todos" los panameños, agregó.

Por quinta semana, Panamá afronta toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en bloqueos, éxodo de turistas y marchas sin tregua, en las mayores protestas desde las de hace más de tres décadas contra la dictadura de Manuel Noriega.

Las "pequeñas, medianas y microempresas han recibido de primera mano los golpes más certeros" por las protestas, lo que genera desempleo y aumento de la informalidad laboral, afirmó el Conep, que hace nueve días estimó que las protestas dejaban pérdidas por 1.700 millones de dólares.

Hace dos semanas la policía anunció que usaría toda la "fuerza necesaria" para despejar las rutas, pero la situación no ha variado.

Para acallar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la justicia el futuro del contrato. Esto satisfizo a los ambientalistas, que dejaron de salir a marchar, pero no al sindicato de la construcción, gremios de maestros y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos.

El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997, que era desfavorable para el país.

First Quantum pagó hace una semana 567 millones de dólares en regalías e impuestos, pero quedaron congelados a la espera del fallo sobre la eventual "inconstitucionalidad" del contrato.