Jueces se unen a huelga por polémica reforma judicial en México
López Obrador argumenta que el proyecto apunta a sanear el poder judicial, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios de los altos cargos, además de servir a intereses privados y a la delincuencia.
México, México. (AFP). Cientos de jueces y magistrados se sumaron este miércoles a una huelga en el poder judicial de México, en protesta por una polémica reforma constitucional con la que el oficialismo de izquierda busca que estos sean elegidos por voto popular.
El apoyo al paro creció antes de una decisión clave por parte de la autoridad electoral, que este viernes deberá confirmar si el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados tendrán súper mayoría en el Congreso para sacar adelante esa y otras reformas constitucionales.
Con pancartas con la leyenda "reforma sí, pero no así", los jueces y magistrados se unieron a la protesta que iniciaron el lunes los trabajadores del sector alegando que los cambios en la justicia golpearán sus prestaciones y la independencia del poder judicial.
El cese de actividades no incluye de momento a los miembros de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal Electoral; los jueces, en tanto, garantizan la atención de casos urgentes como la violencia intrafamiliar.
"Es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de someter la justicia a los intereses políticos", dijo a la prensa la jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
La coalición encabezada por el partido Morena arrasó en las elecciones generales del 2 de junio. Su candidata Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con una diferencia de más de 30 puntos y podría tener mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, según las proyecciones oficiales.
La nueva legislatura iniciará el 1 de septiembre, mientras Sheinbaum, que respalda la reforma judicial, se posesionará el 1 de octubre.
"Nuevo régimen"
De confirmarse las mayorías, "la legitimidad de las urnas le serviría (al oficialismo) para cimentar en la Constitución una nueva configuración de las reglas del intercambio social, económico y político, un nuevo régimen", advirtieron analistas del banco privado Citibanamex en una nota a sus clientes.
La posibilidad de que se aprueben esos cambios ya provocó una caída del peso mexicano en su cotización frente al dólar poco después de la elección.
López Obrador envió al Congreso una veintena de enmiendas constitucionales que abarcan, además de la justicia, la seguridad social, la salud, el sector energético y el sistema electoral.
Tras los comicios generales, Morena pasó a controlar 24 de 32 gobiernos estatales, además de cientos de alcaldías.
En un editorial publicado el domingo pasado, en el que criticó la reforma judicial, el diario estadounidense The Wall Street Journal advirtió que con estas modificaciones "México coquetea con la dictadura", una visión que el gobierno de López Obrador calificó de mentira.
Los jueces y magistrados exigieron en un comunicado que los legisladores detengan la discusión de la reforma "dadas sus tantas imperfecciones".
López Obrador argumenta que el proyecto apunta a sanear el poder judicial, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios de los altos cargos, además de servir a intereses privados y a la delincuencia.
De cada 100 delitos que se denuncian en México, solo 14 son resueltos, según la oenegé Impunidad Cero.
Pero analistas sostienen que la reforma no propone cambios a las fiscalías locales, saturadas de expedientes y cuestionadas en sus capacidades investigativas e independencia.
Este martes, López Obrador minimizó la huelga al señalar que "a la mayoría de los mexicanos no les va a importar". "Tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado", ironizó en su habitual rueda de prensa.
Desde el lunes, cientos de empleados judiciales cerraron sus oficinas en varios estados al denunciar que la iniciativa de reforma atenta contra sus derechos laborales.
Según los empleados, la propuesta elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder por ejemplo a un cargo de juez federal.