Los rectores y las cifras del presupuesto de las universidades públicas
En una negociación seria no se pueden poner en la posición de víctimas para ver qué sacan. Más bien, están llamados a poner sobre la mesa argumentos. Eso fue lo que, desgraciadamente, no hicieron.
El acta de la sesión del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) del pasado martes 17 de setiembre evidencia claramente que la organización tiene suficientes recursos para atender las necesidades presupuestarias de las universidades públicas en 2025.
Eso, partiendo de la base de que lo que se han planteado los rectores, sea lo que el país necesita de las universidades. Porque, a la fecha, no hay ningún estudio que determine si es así o no.
Este dato le da un matiz muy particular a la discusión sobre el monto del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) para el próximo año, alrededor de lo cual el CONARE no alcanzó ningún acuerdo con el Poder Ejecutivo.
Esconder hoy más de 62 mil millones de colones en recursos que están en los bancos, a partir de subejecuciones presupuestarias de los años 2020 y 2021, así como el 2023, es una situación totalmente injustificable.
No por el hecho de que se hayan dado las subejecuciones en el marco de la pandemia por el COVID 19, sino más bien, por el hecho de que los rectores hayan pretendido ignorar esa realidad y seguir como si nada.
Da la sensación de que era su interés dejarse esos recursos que ya no usaron, aplicarlos a cualquier ocurrencia en el futuro, y añadirles otros montos que reclaman que no se les giraron. Claramente, no entienden la realidad fiscal del país y la contribución que están llamados a hacer, o no les interesa.
Cualquiera de las dos cosas sería muy grave tratándose de quienes están a la cabeza de los principales centros de educación superior del país.
Y hay que decir, también, que más allá de esos recursos derivados de las subejecuciones presupuestarias anotadas, el CONARE dispone de dos fondos que se han ido alimentado a través del tiempo, y que, al igual que esos otros dineros, generan altos ingresos por concepto de intereses.
Ante ello, lo razonable es que los intereses se inviertan en las necesidades operativas de las universidades. Lo contrario es gula, por decir lo menos. Porque, las universidades no son ni deben verse como instrumentos financieros con el fin de generar capital. En otras palabras, no se trata de darles presupuesto para que lo inviertan en mecanismos financieros que produzcan intereses y riqueza que luego no suman.
Son cuestiones que se deben corregir. Y hay que hacerlo ya. De manera que son dos las discusiones que, desde nuestro punto de vista, se deben abrir: la que toca a qué deben darle las universidades al país, y la que tiene que ver con cuánto dinero necesitan para ello.
Ojo que, en el proceso de darle forma a la distribución de recursos para 2025, los rectores avanzaron en un esquema que se basa en 0% de aumento del FEES. Al mismo tiempo, hicieron otro ejercicio con un 1% de aumento, y un tercer esquema con un 2% de aumento.
Curioso, porque han venido sosteniendo que requieren de un incremento del 4,06% en el presupuesto. Pero, de un pronto a otro, pudieron encontrar rutas incluso sin ningún aumento.
Esa no es una actitud transparente ni responsable. Y no cabe cuando se lleva a la mesa un tema tan serio como la educación superior.
Ciertamente, hay temas que la representación del Poder Ejecutivo llevó a la mesa de negociaciones que no corresponden directamente al FEES. Y eso tampoco es aceptable, porque si se quiere discutir, por ejemplo, la distribución porcentual de los recursos, se debería hacer al margen del tema del monto, en otro momento del año, precisamente para establecer luego parámetros sobre el total del presupuesto.
Pero eso no quita que los rectores se equivocaron. En una negociación seria no se pueden poner en la posición de víctimas para ver qué sacan. Más bien, están llamados a poner sobre la mesa argumentos. Eso fue lo que, desgraciadamente, no hicieron.