Un llamado a no evadir las discusiones complejas

En nuestro país hemos tomado un peligroso camino que nos ha llevado a evadir de manera sistemática las discusiones más complejas, mientras nos entretenemos con asuntos menos trascendentales para decir que estamos haciendo algo.

Pese a que eso no genera nada positivo, pareciera que los tomadores de decisión, especialmente en el terreno político, no alcanzan a entenderlo y prefieren mirar en otras direcciones, antes que tomar el toro por los cuernos, como se estilaba decir en el pasado.

La reflexión sobre este asunto es saludable en cualquier momento. Pero, cobra mayor importancia por estos días cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa analiza una reforma al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aclarar cómo se debe manejar el tema del diferencial cambiario para efecto de las declaraciones de impuestos.

Y esa modificación que impulsa el Ministerio de Hacienda ha sido puesta sobre el tapete justo cuando esa misma dependencia ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es un contrasentido estar trabajando sobre una reforma mínima a una ley, cuando al mismo tiempo se está impulsando una reforma total, y las dos iniciativas surgen de la misma fuente.

Claramente, es una pérdida de tiempo. Ya que se considera que debe haber una nueva ley, lo oportuno es encarar esa discusión de una vez; sobre todo si ya se preparó la propuesta, como en este caso.

Por ello, no es de recibo el argumento de los responsables de Hacienda y de algunos diputados en el sentido de que la discusión de la nueva ley es un asunto más complejo que va a llevar más tiempo y hay que avanzar en lo que se puede.

Si a eso agregamos que la reforma al artículo 5 de la ley actual es en realidad un tema minúsculo, se le ve menos sentido al asunto. A ver: se trata de reducir a una sola opción la forma de calcular, en colones, el diferencial cambiario que se genera por las compras o las ventas al exterior en moneda extranjera.

La normativa actual ciertamente es contradictoria. Pero así ha operado desde hace bastante tiempo, sin que eso haya implicado un problema mayor.

En cambio, en la nueva normativa que se propone, se quiere, por ejemplo, nivelar las condiciones entre los trabajadores asalariados y los profesionales liberales o los trabajadores independientes. Eso, además de ajustar algunos términos a los acuerdos suscritos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Postergar esa discusión no tiene sentido. Y menos aún si asumimos como cierto el argumento del presidente de la Comisión de Hacendarios, Gilbert Jiménez, cuando afirma que este proyecto va a requerir de un buen tiempo. Si es así, entre más temprano comience el proceso, más temprano terminará.

Así como este, hay muchos otros casos en los cuáles se suele evadir lo complejo, aunque eso termine por ser contraproducente para el país. Es una práctica inconveniente, que debe terminar.

Lo ideal aquí es que los diputados dejen de lado la reforma parcial y asuman la responsabilidad de discutir, de una vez, el proyecto integral. Si no se procede de esa manera, que no se sorprenda nadie si al final se repiten historias como la de la Ley de Tránsito, que apenas se había terminado de aprobar y ya se comenzaba a discutir la primera reforma.

Eso pasó porque no hubo integralidad en la elaboración del texto, algo que claramente puede pasar cuando se prepara un proyecto de ley a partir de una norma que en el camino se modifica, y ese cambio no termina por ser incorporado en la nueva propuesta.

Hay que hacer un uso eficiente del tiempo, especialmente cuando hablamos de procesos que le cuestan mucho dinero al país. Y toda la estructura de la Asamblea Legislativa, más allá de la importancia que tiene para el país, cuesta mucho dinero como para seguir con estos ineficientes esquemas de trabajo.